Los clientes deberán pagar el impuesto de AJD

Y finalmente el Tribunal Supremo ha decidido.

Más vale tarde que nunca, y tras unas semanas en vilo en las que miles de firmas hipotecarias se han pospuesto, ofertas bancarias se han dejado en suspenso y compraventas se han truncado o pospuesto, el fallo del Tribunal Supremo sentenciando que es el cliente quien debe liquidar el pago de los Actos Jurídicos Documentados, devuelve cierta normalidad al sector.

Dicho veredicto, a pesar de no ser unánime, crea jurisprudencia, y a pesar de que miles de hipotecados han visto esfumarse un ingreso atípico que ya parecÍa seguro, parece que se ha impuesto una corriente que es idéntica al resto de paÍses de Europa donde se cobra un tributo similar.

En Francia, Italia y Portugal las hipotecas están grabadas por un impuesto equivalente y en todos estos países es el cliente quien se hace cargo del pago de este impuesto.

En caso de que el fallo hubiese sido distinto, las consecuencias directas hubiesen sido un encarecimiento automático del precio de las hipotecas.

Seguramente los bancos, sabiendo que todos teníamos asumida una subida de tipos o comisiones, hubiesen aprovechado para hacer una subida adicional para aumentar el margen de este sector que no deja de ser una puerta de acceso a nuevos clientes pero con un margen bastante reducido para la mayoria de entidades que compiten en este mercado.

Por otra parte, esa importante subida del diferencial hubiese hecho inasumible la cuota mensual para muchos españoles que están optando por la compra frente a un voraz mercado de alquiler con precios desbocado en los últimos años.

En definitiva una sentencia contraria a la que se ha dado hubiese hecho el mercado hipotecario menos atractivo para clientes y para los bancos con otras consecuencias adicionales como una reducción de actividad del sector inmobiliario, de la construcción, de materiales, etc..

Lamentable es la imagen del Tribunal Supremo que por desidia, falta de previsión o directamente ineptitud ha permitido dejar en evidencia la seriedad de la justicia española, sembrado dudas sobre su imparcialidad y su solvencia.

Lo que si que esta claro, es que la imagen del Estado que nos llega a los de a pie, deja mucho que desear.

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